La decisión de la Suprema Corte cierra el camino legal para seis de las ocho empresas demandadas.
La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este jueves, por decisión unánime, la demanda presentada por el gobierno mexicano contra algunos de los principales fabricantes de armas estadounidenses, cerrando así un litigio histórico que buscaba hacer responsables a esas empresas por el tráfico ilícito de armamento hacia territorio mexicano.
La demanda, interpuesta en 2021 por el gobierno de México, solicitaba una indemnización de 10 mil millones de dólares por los daños causados por armas de fuego que, según estimaciones oficiales, ingresan ilegalmente desde Estados Unidos en un rango de 200 mil a 500 mil unidades anuales. Casi la mitad de las armas encontradas en escenas del crimen en México provienen de ese país, de acuerdo con datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
El caso, Smith & Wesson Brands, Inc. vs Estados Unidos Mexicanos, argumentaba que empresas como Smith & Wesson e Interstate Arms “ayudaban e incitaban” el tráfico ilegal de armas al facilitar, directa o indirectamente, la venta de armamento a intermediarios o “testaferros” que posteriormente lo contrabandeaban a México y lo hacían llegar a manos de grupos criminales. El gobierno mexicano sostenía que las compañías tenían conocimiento de esta práctica y que, por tanto, estaban incurriendo en responsabilidad civil bajo la excepción predicada de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), aprobada en 2005.
Sin embargo, la jueza Elena Kagan, quien redactó la opinión del tribunal, concluyó que la demanda del gobierno mexicano “no alega de forma plausible” que las empresas hubieran facilitado directamente ese tráfico ilegal de armas. “La PLCAA la prohíbe”, sentenció la Corte, reafirmando los límites que impone esa legislación sobre la posibilidad de demandar a la industria armamentista por el uso criminal de sus productos.
El fallo representa una victoria significativa para los fabricantes de armas, al consolidar la interpretación restrictiva de la PLCAA, que impide la mayoría de las acciones legales en su contra. Aunque en 2022 un tribunal federal en Massachusetts había desestimado inicialmente la demanda, una corte de apelaciones la reactivó en 2024 al considerar que existía base legal suficiente para que el caso continuara. No obstante, la decisión de la Suprema Corte revierte ese avance y cierra el camino legal para seis de las ocho empresas demandadas.
Smith & Wesson e Interstate Arms son las únicas compañías que permanecerán en litigio, aunque con un panorama judicial claramente adverso. El caso sienta un precedente que podría desalentar otras demandas internacionales similares y marca un límite claro sobre la responsabilidad legal de los fabricantes de armas estadounidenses en la violencia vinculada al tráfico transfronterizo.
Mientras tanto, el gobierno mexicano no ha emitido aún una respuesta oficial al fallo, pero diversas organizaciones civiles ya han expresado su preocupación por la impunidad de la industria armamentista frente a las consecuencias humanas del flujo ilegal de armas hacia México.
Este desenlace judicial ocurre en medio de un debate creciente sobre la responsabilidad compartida en la crisis de violencia que enfrenta el país, y sobre el papel que debe jugar la industria estadounidense en la contención de ese fenómeno.
