La Comisión de Justicia aprueba reforma para integrar la Guardia Nacional a la Sedena: arranca el proceso legislativo de una transformación polémica
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen que propone la integración plena de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), marcando un paso legislativo clave en el proceso de consolidación transexenal de esta corporación como una fuerza de seguridad pública con mando militar.
Con 22 votos a favor de Morena, PT y PVEM, siete en contra de PAN y PRI, y dos abstenciones de Movimiento Ciudadano, la comisión presidida por el morenista Julio César Moreno Rivera avaló en lo general y en lo particular el dictamen que expide una nueva Ley de la Guardia Nacional y deroga la vigente desde mayo de 2019. Este documento es parte de un paquete legislativo derivado de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y busca armonizar el marco legal con la reforma constitucional aprobada el 30 de septiembre de 2024, que redefine el carácter y adscripción de la Guardia Nacional.
La reforma no solo crea una nueva ley específica, sino que modifica ocho leyes y dos códigos, entre ellos la Ley Orgánica del Ejército, la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, el Código de Justicia Militar y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En conjunto, estas modificaciones buscan consolidar una estructura operativa, administrativa y legal que coloque a la Guardia Nacional bajo el control de la Sedena, aunque se insiste en que se mantendrá su carácter de fuerza civil, subordinada al mando civil.
Consolidación transexenal y objetivos declarados
El diputado Moreno Rivera explicó que el objetivo de este paquete legislativo es dar forma jurídica a un cuerpo permanente, profesional y disciplinado, con formación policial pero estructura militar, capaz de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública diseñada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo la dirección de la Presidencia de la República.
“La Guardia Nacional forma parte de las instituciones policiales del país, que deben coordinarse en los tres órdenes de gobierno. Su formación y desempeño se regirán por una doctrina policial civil, pero con la disciplina y organización del ámbito militar”, enfatizó el legislador.
Además, se contempla que los mandos operativos de la GN —comandancias territoriales y estatales— sean designados por el Ejecutivo Federal, al igual que ocurre en las Fuerzas Armadas.
El dictamen también establece que los elementos de la GN deberán contar con el Certificado Único Policial, ser formados en instituciones militares con orientación en tareas civiles de seguridad, y actuar bajo el mando del Ministerio Público Federal al investigar delitos, en apego al debido proceso.
Una reforma de amplio alcance y con implicaciones profundas
Entre las novedades, el nuevo marco legal:
- Regula aspectos de seguridad social, ascensos y sanciones disciplinarias.
- Establece delitos especiales para integrantes de la GN, sujetos tanto a la jurisdicción militar como a la civil.
- Otorga a la Sedena facultades para contar con organismos de inteligencia coordinados con el Centro Nacional de Inteligencia.
- Establece funciones concretas para la GN en la prevención de delitos, la protección de derechos, el orden público, y el resguardo de recursos estratégicos.
El dictamen también justifica la reforma en términos de “aprovechamiento de la experiencia organizativa de más de 100 años del Ejército”, buscando —según los legisladores oficialistas— construir una corporación con disciplina, identidad propia y capacidad operativa en todo el territorio nacional.
Debate parlamentario: posturas encontradas y advertencias
Durante las dos rondas de intervenciones en la Comisión de Justicia, las posturas reflejaron una profunda división ideológica sobre el rumbo de la seguridad pública en México.
Críticas y preocupaciones
- PRI y PAN señalaron que la reforma es inconstitucional al vulnerar el principio de civilidad de las fuerzas de seguridad. Advirtieron que con esta reforma se militarizan no solo la Guardia Nacional, sino también indirectamente las policías estatales y municipales.
- Margarita Zavala (PAN) criticó que el dictamen no se turnó a la Comisión de Defensa Nacional y que elimina requisitos fundamentales de formación y rendición de cuentas, además de minimizar el impacto presupuestal.
- Arturo Yañez Cuellar (PRI) lamentó que se estén otorgando más poderes al Ejecutivo sin contrapesos parlamentarios ni límites efectivos, lo que pondría en riesgo la democracia.
- Movimiento Ciudadano, por su parte, se abstuvo pero exigió mecanismos de control parlamentario, proponiendo una Comisión Bicamaral en materia de seguridad pública y seguridad interior.
Defensa de la reforma
- Morena, PT y PVEM defendieron el dictamen como un acto de consolidación institucional y una respuesta pragmática ante los desafíos del crimen organizado.
- Ricardo Sóstenes Mejía (PT) dijo que se trata de una política de Estado, que busca consolidar un cuerpo sólido y capacitado, bajo el control formal de la Sedena, pero con un enfoque civil.
- Julieta Vences (Morena) defendió el nuevo marco legal como una “estructura clara, moderna y legal”, con una Guardia Nacional que “tendrá dientes y uñas”, pero bajo un mando civil.
- Mariana Benítez (Morena) consideró que se trata de una decisión estratégica, no solo jurídica, ante “uno de los mayores problemas del país”.
Contexto: el largo camino hacia la militarización de la seguridad pública
La reforma llega tras una década de creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, un proceso que se aceleró durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la creación de la Guardia Nacional en 2019, y que ahora se consolida legalmente bajo el gobierno de Sheinbaum.
Aunque en su origen la GN fue presentada como una fuerza civil, la realidad operativa la ha acercado cada vez más a la estructura militar. Desde 2020, miles de sus elementos fueron transferidos desde el Ejército y la Marina, y en la práctica ya se encontraban bajo control de la Sedena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional este esquema en 2023, lo que obligó a una reforma constitucional en 2024 que ahora se complementa con este nuevo marco legal.
Próximos pasos legislativos
El dictamen será enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su votación en el Pleno, donde se espera un nuevo y encendido debate. Diputados y diputadas podrán presentar reservas y votos particulares, aunque Morena y sus aliados cuentan con la mayoría suficiente para avanzar la propuesta.
En paralelo, se discutirá también la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, pieza clave del rediseño de la estrategia de seguridad pública que busca centralizar las capacidades de inteligencia bajo la Sedena.
¿Seguridad o militarización?
Para sus defensores, la reforma representa la institucionalización de una fuerza profesional con estructura sólida y presencia nacional, capaz de enfrentar con eficacia los retos de la violencia organizada. Para sus detractores, es el cierre de un ciclo que desdibuja los límites entre lo militar y lo civil, y que amenaza los principios constitucionales que rigen la seguridad pública en México.
El debate de fondo no solo es legal, sino político y ético: ¿qué tipo de país se construye cuando la seguridad pública depende de las armas del Ejército? La respuesta, como casi siempre, dependerá del balance entre resultados y libertades.
