La hoja de ruta del sexenio de Sheinbaum en materia de pacificación
En la última sesión del período ordinario, el Senado de la República aprobó —con 105 votos a favor, 16 en contra y una abstención— la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, documento rector de la política de seguridad del gobierno federal para el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La aprobación marca un paso crucial en el arranque de su administración, al definir los ejes, objetivos, líneas de acción y prioridades para enfrentar el fenómeno de la violencia y la criminalidad en México durante los próximos seis años.
La estrategia fue respaldada por la mayoría de las fuerzas políticas, con excepción del PRI y de algunos legisladores del PAN, quienes expresaron reservas profundas sobre la efectividad del planteamiento. La abstención vino del exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, quien se desmarcó del llamado de la mandataria de su entidad a apoyar la propuesta presidencial.
Los cuatro ejes de la nueva estrategia
El documento, ya remitido al Ejecutivo federal para su implementación, plantea una política de seguridad pública cimentada en cuatro ejes fundamentales:
- Atención a las causas estructurales de la violencia
- Consolidación de la Guardia Nacional como cuerpo civil de seguridad
- Fortalecimiento de la inteligencia e investigación criminal
- Coordinación plena del Gabinete de Seguridad con estados y municipios
A diferencia de estrategias anteriores, este modelo pretende transitar del enfoque estrictamente punitivo hacia uno que combine la acción coercitiva del Estado con políticas sociales de prevención, recuperación del tejido comunitario y garantía de derechos.
En palabras de la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, se trata de un modelo que “integra nuevos esquemas y modelos de actuación” para construir una paz duradera. Esto incluye el uso intensivo de nuevas tecnologías en tareas de investigación e inteligencia, con el objetivo de anticipar comportamientos delictivos y combatir el crimen organizado con mayor eficacia.
García Harfuch, operador clave
Previo a la votación, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, compareció ante la Comisión de Seguridad Pública y la Junta de Coordinación Política, donde durante más de dos horas defendió el planteamiento oficial. Su intervención logró convencer a una parte importante de la oposición. Su figura, asociada con una visión de seguridad tecnificada y con experiencia operativa, será clave en la implementación de esta estrategia.
El papel de Harfuch, que acumula tanto reconocimiento como controversia por su paso en la policía capitalina y su cercanía con las Fuerzas Armadas, refuerza la percepción de que el nuevo gobierno continuará con una línea de seguridad centralizada, aunque con énfasis adicional en las causas sociales de la violencia.
PAN y PRI: división y advertencias
A pesar de que el grupo parlamentario del PAN había adelantado su apoyo por presiones de sus gobernadores, la postura final estuvo dividida. El senador Francisco Ramírez Acuña argumentó que la estrategia es “un rosario de buenas intenciones”, aunque reconoció la necesidad de dotar de herramientas legales a las fuerzas de seguridad. Por su parte, el dirigente panista Marko Cortés votó en contra, acompañado por otras dos legisladoras.
El PRI, encabezado en tribuna por Miguel Ángel Riquelme, votó en bloque en contra. Riquelme calificó la estrategia como una “repetición de errores del pasado”, y denunció que el modelo propuesto profundiza la militarización de la seguridad pública, sin establecer controles civiles ni mecanismos de rendición de cuentas.
Una estrategia “transformadora”, según el oficialismo
Desde el bloque oficialista y sus aliados, la Estrategia fue defendida como integral, moderna y estructurada. El senador del PVEM, Luis Armando Melgar Bravo, aseguró que esta propuesta representa el fin de la política de “abrazos, no balazos”, para dar paso a una estrategia articulada con objetivos concretos.
Por su parte, Alberto Anaya, del PT, reiteró que el gran reto sigue siendo atender las causas sociales de la delincuencia: “Más que represión, hay que dar salida social a nuestra juventud”.
Movimiento Ciudadano: voto crítico y vigilante
Aunque Movimiento Ciudadano votó a favor, su coordinador, Clemente Castañeda, planteó críticas importantes. Señaló que la estrategia “sí mejora respecto al sexenio pasado” en términos de técnica y estructura, pero advirtió que sigue sin abordar con profundidad temas urgentes como el de los más de 110 mil desaparecidos, el rezago de las policías municipales, o el diseño de una política pública de reinserción y justicia transicional.
Castañeda también anunció que su partido acompañará el proceso con una actitud de corresponsabilidad crítica, asumiendo un papel vigilante frente a los resultados concretos de la estrategia.
Contexto político y consecuencias
La aprobación de esta Estrategia de Seguridad ocurre en un momento en el que el país sigue enfrentando niveles altos de violencia, con regiones controladas por el crimen organizado, crisis forenses sin resolver, y una ciudadanía profundamente desconfiada de las instituciones encargadas de garantizar su seguridad.
Claudia Sheinbaum, al inicio de su gobierno, apuesta por un modelo que —al menos en el papel— busca diferenciarse de la estrategia basada únicamente en la militarización, sin desmontarla del todo. Se mantiene la centralidad de la Guardia Nacional, que aunque formalmente civil, sigue bajo control operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una situación que ha generado múltiples cuestionamientos desde organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.
Además, el énfasis en la coordinación total entre el gobierno federal y los gobiernos estatales puede generar fricciones en aquellos estados gobernados por la oposición, donde hay desconfianza hacia los mandos de seguridad impuestos desde el centro. No está claro aún cómo se resolverán esos conflictos y qué mecanismos garantizarán la autonomía de las entidades sin vulnerar la eficacia operativa.
En términos institucionales, la implementación de esta estrategia pondrá a prueba la capacidad real del Estado mexicano para articular políticas públicas interinstitucionales que combinen seguridad, justicia y desarrollo social. También será un termómetro para medir el compromiso de las entidades federativas con una política de seguridad nacional que, al menos en el discurso, busca romper con el enfoque de guerra que predominó durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto.
Un primer paso, pero no el único
En suma, la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030 sienta las bases para el gobierno de Sheinbaum, pero el verdadero reto comienza ahora: traducir el documento en resultados tangibles. Las cifras de homicidios, desapariciones, feminicidios y extorsiones seguirán siendo el parámetro con el que la sociedad evaluará el éxito o fracaso de este nuevo intento por pacificar al país.
