La iniciativa gubernamental mexicana de demandar a empresas fabricantes y distribuidora de esos artefactos en la nación norteamericana marca un precedente sin igual en la historia del derecho internacional contemporáneo: Sonia Venegas Álvarez
Es un hecho registrado por primera vez en el vecino del norte, destacó Alejando Celorio Alcántara
La violencia que aqueja a México tiene múltiples causas, una de ellas, la más insidiosa, el flujo incontrolado de armas de fuego, pues una parte importante de ellas proveniente de Estados Unidos (EUA). Según datos documentados por expertos, más de 70 por ciento de las involucradas en crímenes violentos en nuestro país tienen su origen en el vecino del norte, apuntó la directora de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, Sonia Venegas Álvarez.
Al dar la bienvenida a los participantes del Conversatorio México vs Industria armamentista de EE. UU: Desafíos jurídicos en la lucha contra el tráfico ilícito de armas, organizado por la entidad universitaria, dijo que esta situación ha fortalecido las estructuras criminales, exacerbado la tasa de homicidios, convirtiendo a ciertas regiones de nuestra nación en zonas donde la violencia se normaliza, minando el tejido social y la vida cotidiana de la población.
Apuntó que detrás de cada una que cruza ilegalmente “hay historias de dolor, injusticia y vidas truncadas que nos llaman a la acción como juristas, como académicos y también como seres humanos. La Universidad no puede ser indiferente ante los desafíos de su tiempo”.
Reconoció que la iniciativa del gobierno mexicano de entablar litigios contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas de fuego en EUA marca un precedente sin igual en la historia del derecho internacional contemporáneo.
Al hacer uso de la palabra, Alejando Celorio Alcántara, exconsultor jurídico del Gobierno de México y miembro del Servicio Exterior Mexicano, expuso que a la República mexicana llegan de forma ilegal 250 mil armas al año que se encuentran en manos de civiles; si no existiera la ley placa en EUA -la cual otorga inmunidades judiciales jurisdiccionales a esa industria-, México sería más seguro. Los recursos destinados para responder a la violencia en los últimos 20 años quizá pudieron haberse dirigido a mejorar los sectores educativos, de vivienda y salud.
Puntualizó que no es fácil demandar a una industria poderosa para cerrar la llave de las armas, quien tuvo el valor fue el gobierno mexicano en el periodo anterior. Se trata de una querella civil por daños en la que el gobierno mexicano se presenta como persona afectada, pero no es contra el gobierno de Estados Unidos, ni de los estadounidenses, tampoco es una controversia constitucional.
Por primera vez en la historia de Estados Unidos un gobierno extranjero demanda a la industria de las armas. Nos metimos a un tema crucial contra 10 empresas, pero desistimos de dos de ellas con oficinas centrales en Austria (Glock) e Italia (Beretta). El reto fue superar la ley de inmunidades vía la no extraterritorialidad de una ley estadounidense y una de no inmunidad.
Recordó que en octubre de 2023 nuestra nación solicitó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual permitió al gobierno mexicano armar una narrativa política contra EUA para señalarle que no lo estamos acusando, sino brindándole la información para que tomara medidas al respecto. Este es un esfuerzo histórico porque México siempre ha recurrido al derecho internacional, pues es la mejor arma que tenemos.
Para José Guadalupe Medina Romero, académico de la FD, la Suprema Corte de Estados Unidos tiene en sus manos el futuro de este caso y la posibilidad de abrir una nueva etapa en la lucha contra la violencia armada internacional.
Actualmente, dijo, la posición de nuestro país está enfocada a establecer un antes y un después en esta lucha ferviente, auténtica y decidida en contra de este mal que nos aqueja al igual que a otras naciones. En nuestro caso, se han ampliado las estrategias jurídicas que iniciaron en 2021, reafirmando el compromiso del Estado mexicano en la lucha contra el tráfico ilícito de armas.
Reiteró que enfrentamos un flujo constante y alarmante de estas en función también de lo que ha sido una mecánica de adquisición en EUA, las famosas compras de paja, es decir, aquellas que se realizan mediante un tercero, el contrabando a través de la frontera por vehículos que no tienen una revisión correspondiente y su venta por plataformas digitales no reguladas.
Al hacer uso de la palabra, Lourdes Marleck Ríos Nava, directora del Seminario de Derecho Internacional de la FD, señaló que nuestro país se encuentra en un momento coyuntural en este proceso jurídico.
En México, describió, hay más de 4.5 millones de armas provenientes de la nación norteamericana, entre ellas AR15 calibre .50; ametralladoras Browning calibre .50; lanzacohetes; fusiles AK-47; o lanza granadas y granadas, que son de uso exclusivo del Ejército.
Además, 17 millones están en manos de civiles y tan solo en 2019 su venta se incrementó 35 por ciento; las incautadas provienen de Estados Unidos, mientras que el 30 por ciento restante llega a México de Brasil, Alemania y República Checa.
Con información de la UNAM
