Sentencia Histórica contra Genaro García Luna y su esposa en EU

Un Golpe Judicial a la Impunidad por Corrupción y Lavado de Dinero

En un fallo sin precedentes en la lucha contra la corrupción transnacional, una corte civil del condado de Miami-Dade, Florida, condenó este martes al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, al pago de más de 2,400 millones de dólares. La sentencia, dictada por la jueza Lisa Walsh, responsabiliza a la pareja por su participación en un esquema de desvío de recursos públicos y lavado de dinero que operó durante el sexenio de Felipe Calderón (2006–2012). El caso se ha convertido en un emblema de la corrupción estructural en las altas esferas del poder mexicano y un hito en los esfuerzos binacionales para castigar y reparar el daño causado por funcionarios corruptos.

Una Red de Corrupción al Descubierto

García Luna, quien fue la figura más poderosa en materia de seguridad durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, fue hallado culpable en 2023 por una corte federal de Nueva York por conspiración para el tráfico de drogas y vínculos con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, esta nueva sentencia civil —derivada de una demanda del gobierno mexicano— revela una dimensión aún más compleja: la utilización sistemática del aparato estatal para enriquecerse ilícitamente mientras encabezaba la lucha contra el crimen organizado.

De acuerdo con la demanda presentada, entre 2006 y 2012 García Luna orquestó, junto con familiares y socios, la adjudicación irregular de 30 contratos a empresas fachada, a través de los cuales se desviaron 745.9 millones de dólares del presupuesto federal destinado a seguridad pública. Estos recursos fueron blanqueados a través de paraísos fiscales y canalizados a Estados Unidos, donde sirvieron para adquirir bienes de lujo, inmuebles, y mantener una red empresarial de fachada con presencia internacional.

Montos de la Sentencia y Reparación del Daño

La resolución judicial desglosa los montos a pagar de la siguiente manera:

– Genaro García Luna: deberá cubrir 748 millones de dólares por su rol como principal operador del esquema.

– Linda Cristina Pereyra: fue condenada a pagar 1,740 millones de dólares, tras demostrarse su participación activa en la administración y ocultamiento de los fondos ilícitos.

El monto total de 2,488 millones de dólares incluye los recursos robados, intereses acumulados y sanciones. Según las autoridades estadounidenses, el dinero recuperado será devuelto al Estado mexicano conforme a lo estipulado en la Ley STAT (Ley de Protección de Víctimas de Tráfico y Violencia), una legislación que faculta a EE.UU. para decomisar activos relacionados con delitos de corrupción y crimen organizado internacionales.

La Red de Cómplices

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México identificó a una red de al menos seis personas clave en el esquema de lavado de dinero:

– Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, señalados como operadores financieros y socios en empresas contratistas.

– Natan Wancier Taub, vinculado con inversiones inmobiliarias en Miami.

– José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro, considerados presuntos testaferros y administradores de bienes.

Todos ellos fueron incorporados en 2019 a la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF, lo que implicó la congelación de sus cuentas bancarias y activos en México.

Implicaciones Legales y Políticas: Una Doble Condena al Poder Corrupto

Esta sentencia civil no solo reafirma la culpabilidad de García Luna como criminal financiero, sino que complementa su condena penal en EE.UU., donde fue hallado culpable de colaborar con el narcotráfico. La doble vía judicial —civil y penal— constituye un duro revés a la impunidad que durante años amparó a altos mandos del gobierno mexicano.

Mientras se mantiene pendiente la sentencia definitiva en el caso penal, que ha sido aplazada en diversas ocasiones desde octubre de 2023, la condena civil fortalece la narrativa de que García Luna no solo permitió la operación del narcotráfico en México, sino que simultáneamente saqueó las finanzas públicas bajo el pretexto del combate al crimen.

Reacciones y Reflexiones: ¿Justicia o Comienzo del Camino?

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador calificó el fallo como una “victoria jurídica y moral para el pueblo de México”, mientras que organizaciones de la sociedad civil advierten que aún queda mucho por esclarecer. Analistas como Peniley Ramírez, autora de Los millonarios de la guerra, subrayan que el caso pone al descubierto la hipocresía de un sistema que “combatía el crimen de forma pública mientras lo alimentaba desde sus entrañas”.

Las interrogantes persisten: ¿Cómo ascendió García Luna a pesar de los múltiples señalamientos previos? ¿Quiénes dentro del aparato político encubrieron o se beneficiaron de sus acciones? ¿Se investigará a otros exfuncionarios del gabinete de Calderón?

¿Qué sigue?

Aunque la localización y recuperación de los activos será un proceso complejo —dado el nivel de sofisticación de los mecanismos de ocultamiento usados—, este caso sienta un precedente importante: ningún exfuncionario mexicano puede considerar a EE.UU. como refugio financiero seguro.

A sus 55 años, García Luna enfrenta una posible condena que lo mantendría en prisión por el resto de su vida. Su nombre ya está inscrito entre los más oscuros de la historia reciente de México, como símbolo de la colusión entre poder político, crimen organizado y corrupción institucional.

El caso García Luna no ha terminado: se ha convertido en un espejo en el que México debe mirarse para no repetir los errores del pasado y para comenzar, por fin, a cerrar las puertas a la impunidad.