El Salvador cobra por recibir reclusos deportados por Estados Unidos

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Ambos países sellan acuerdo para traslado de reclusos en medio de ofensiva contra las pandillas

¿Se convertirá El Salvador en el Guantánamo de las pandillas?

El gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, ha dado un paso sin precedentes en su estrategia de seguridad al firmar un acuerdo con Estados Unidos para albergar en sus cárceles a migrantes indocumentados y reclusos estadounidenses convictos de delitos graves. Este pacto, rubricado en febrero de 2025, se enmarca en la política de “mano dura” contra el crimen organizado que ha convertido al país centroamericano en un laboratorio global de seguridad, destacándose la construcción del polémico Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una mega prisión con capacidad para 40,000 internos.  

Primera transferencia bajo el acuerdo

El 3 de febrero de 2025, Bukele se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y le ofreció aceptar a “criminales estadounidenses peligrosos [convictos]” y encarcelarlos en CECOT “a cambio de una tarifa”. Rubio calificó la oferta de Bukele como el “acuerdo migratorio más inédito y extraordinario del mundo”.​

El 16 de marzo de 2025, El Salvador recibió un primer contingente de 261 reclusos deportados desde Estados Unidos: 238 miembros del Tren de Aragua (pandilla de origen venezolano con presencia transnacional) y 23 integrantes de la MS-13, organización criminal que Bukele ha prometido erradicar. La operación marca el inicio de un modelo de cooperación que podría redefinir las políticas carcelarias internacionales.  

Claves del acuerdo bilateral

El convenio, negociado en secreto durante meses, establece tres ejes principales:  

  1. Traslado de reclusos: El Salvador aceptará a condenados por delitos graves (homicidio, narcotráfico, extorsión) sin importar su nacionalidad, incluyendo ciudadanos estadounidenses.  
  2. Compensación económica. Estados Unidos pagará a El Salvador una tarifa por cada recluso transferido. Por ejemplo, se ha informado que Estados Unidos pagará $6 millones por la transferencia y manutención de 238 sospechosos de pandillas venezolanas, lo que equivale aproximadamente a $25,000 por detenido. Este costo representa un ahorro del 43% en comparación con los gastos promedio de encarcelamiento en Estados Unidos. 
  3. Infraestructura: Los reclusos serán confinados en el CECOT, una prisión de máxima seguridad que opera bajo régimen de aislamiento 24/7 y que Bukele promociona como “la más segura de América”.  
¿Nueva tendencia en políticas carcelarias?

El acuerdo se inscribe en una creciente tendencia de externalización del sistema penitenciario:  

– Italia trasladó en 2023 a 3,000 migrantes irregulares a centros en Albania.  

– Reino Unido intentó sin éxito un pacto similar con Ruanda, bloqueado por la Corte Europea de Derechos Humanos.  

– Suecia debate desde 2024 enviar presos a Estonia y Letonia para descongestionar sus cárceles, actualmente al 127% de su capacidad.  

Reacciones internacionales

El pacto ha desatado un debate global con posturas polarizadas:  

Apoyos:

La administración estadounidense lo califica como “solución innovadora” ante la sobrepoblación carcelaria (1.9 millones de presos federales en 2024). Funcionarios salvadoreños destacan que fortalecerá la cooperación en seguridad.  

Críticas.

Venezuela denunció las deportaciones como “xenofobia institucionalizada”, mientras que Human Rights Watch advierte sobre “riesgo de tortura” en el CECOT, citando reportes de hacinamiento y suspensiones de garantías constitucionales bajo el régimen de excepción vigente desde 2022.  

Objeción legal

Un juez federal de Texas intentó frenar las deportaciones argumentando violaciones al debido proceso, pero el Departamento de Justicia recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, estatuto usado solo tres veces en la historia, incluida la Segunda Guerra Mundial.  

Derechos humanos en la mira

Expertos consultados por BBC Mundo señalan contradicciones: mientras Bukele exhibe tasas de homicidio récord (2.4 por 100,000 habs en 2024), la ONU documentó 6,800 detenciones arbitrarias en 2023. Para Ana María Méndez de Cristosal, “el modelo salvadoreño intercambia libertades básicas por seguridad, creando un precedente peligroso”.  

El Departamento de Estado confirmó planes para trasladar 1,500 reclusos adicionales en 2025. Mientras tanto, este experimento geopolítico podría inspirar a otros gobiernos, aunque su sostenibilidad dependerá de auditorías a los derechos humanos y la presión internacional, factores que Bukele ha desafiado sistemáticamente. La comunidad global observa: ¿se convertirá el CECOT en el Guantánamo de las pandillas?

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) es una mega-prisión inaugurada en febrero de 2023 en Tecoluca, El Salvador, diseñada para albergar hasta 40,000 reclusos. Esta instalación forma parte de la estrategia de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele para combatir las pandillas en el país.

Las condiciones dentro del CECOT han sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. Los reclusos carecen de tiempo al aire libre y visitas familiares, contrastando con otras prisiones de la región.

Además, informes han documentado la muerte de al menos 261 personas bajo custodia estatal desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, atribuidas a torturas, tratos crueles, falta de atención médica y condiciones insalubres.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por estas prácticas, señalando violaciones a convenios internacionales y abogando por el fin del estado de excepción en El Salvador.

A pesar de las críticas, el gobierno de Bukele ha defendido su enfoque de mano dura contra las pandillas, argumentando una reducción significativa en las tasas de homicidios y violencia en el país

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