La lista de organizaciones terroristas incluía grupos con objetivos políticos claros, como ETA, las FARC, Hamás o la Yihad Islámic
Sheinbaum Pardo envió al Congreso reformas implican la sanción más severa contra quienes intervengan en el país para seguir una investigación, sin la autorización del gobierno mexicano, como es el caso de agentes de Estados Unidos.
El Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, el Cártel del Noroeste, los Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana han sido designados como organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos, una decisión que trae consigo profundas implicaciones económicas, políticas y hasta militares.
Un mes después de regresar a la Casa Blanca, Donald Trump logró que su administración oficializara esta designación a través de una orden ejecutiva. La medida fue publicada en el Registro Federal estadounidense mediante una nota firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y contempla la inclusión de ocho grupos criminales latinoamericanos en la lista de organizaciones terroristas, donde también figuran nombres como Al-Qaeda, el Daesh, Boko Haram y Hezbolá.
Implicaciones prácticas
La clasificación de estos cárteles como grupos terroristas activa una serie de herramientas legales y financieras. Entre ellas, el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a estas organizaciones, la imposición de sanciones económicas a cualquier individuo o entidad que colabore con ellas, y la posibilidad de realizar detenciones bajo el argumento de lucha contra el terrorismo.
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con cautela. Reconoció que si la intención es fortalecer la investigación sobre el lavado de dinero y la presencia del crimen organizado en territorio estadounidense, la medida es aceptable. No obstante, advirtió que “lo que no aceptamos es la violación a nuestra soberanía”, dejando entrever la preocupación que ha generado esta acción en el país.
¿Intervención militar?
La medida, que entra en vigor este 20 de febrero, ha encendido alarmas en México ante la posibilidad de una intervención militar estadounidense. Históricamente, la designación de grupos como terroristas ha servido como pretexto para incursiones armadas, como ocurrió en Afganistán tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Trump no ha descartado el despliegue de tropas en México para “desarticular” a los cárteles, a los que responsabiliza de la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Sin embargo, expertos como Carlos Matienzo, director de DataInt y especialista en seguridad, sostienen que la medida se centra en la aplicación de sanciones económicas y legales, más que en la acción militar inmediata. “Si bien esto no activa automáticamente una invasión, sí crea un marco político y narrativo que la hace más plausible”, indicó en entrevista con *France 24 en Español*.
La historia reciente demuestra que la categoría de “terrorista” puede cambiar según la administración en turno. Bajo Trump, los rebeldes hutíes fueron designados terroristas; con Joe Biden, dejaron de serlo. Para el analista Roberto Alonso, de la Universidad Iberoamericana Puebla, esta decisión responde a la estrategia negociadora de Trump: “Forma parte de su lógica de presión y negociación, pero la clave es saber con qué objetivo final”.
Del terrorismo islámico a la “guerra contra el narco”
Tradicionalmente, la lista de organizaciones terroristas incluía grupos con objetivos políticos claros, como ETA, las FARC, Hamás o la Yihad Islámica. Estos movimientos buscan imponer una ideología o transformar estructuras estatales a través del terror. En cambio, los cárteles mexicanos operan con un interés primordialmente económico, aunque sus métodos sean igual de violentos.
“No son terroristas en el sentido clásico, pero tampoco son simples criminales. Son organizaciones criminales armadas con estructura paramilitar”, señala Matienzo. La decisión estadounidense refleja un cambio en sus prioridades de seguridad: si tras 2001 el objetivo fue el terrorismo islámico, hoy los cárteles y la migración parecen ocupar ese lugar.
Consecuencias para México
Más allá de la posibilidad de una intervención militar, la medida tendrá efectos tangibles en México. La aplicación de sanciones económicas podría impactar a individuos y negocios que, sin participar directamente en el narcotráfico, tienen algún vínculo con estos grupos. Desde propietarios que rentan inmuebles hasta agricultores que pagan “derecho de piso”, muchos podrían verse afectados.
“Este decreto puede convertirse en un problema para la relación bilateral, ya que involucra a sectores vulnerables que se han visto obligados a interactuar con el crimen organizado”, advierte Alonso. Sin embargo, también abre una ventana de oportunidad para el gobierno de Sheinbaum. La presidenta podría usar esta decisión para presionar a los Estados Unidos en temas como el control del tráfico de armas. “Sheinbaum ha mostrado habilidad en convertir amenazas en palancas de negociación. La clave estará en cómo maneje esta situación”, concluye Alonso.
Reformas presidenciales.
Por lo pronto, el jueves 20 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a los artículos 40 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prohibir expresamente cualquier intento de intervención extranjera.
“¿Qué significa esto? Colaboramos, nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay injerencismo, no hay violación a la soberanía. Eso es lo que queremos que quede claro en esta definición que han decidido, el gobierno de los Estados Unidos y el Senado de los Estados Unidos para el nombramiento de grupos terroristas a los grupos de la delincuencia organizada, a los seis grupos de delincuencia organizada que nombraron ”, explicó Claudia Sheinbaum.
Expuso que la iniciativa contempla adicionar dos párrafos al artículo 40 para dejar en claro que México no aceptará ninguna intervención extranjera:
Primer párrafo: “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.
Segundo párrafo: “Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano en el marco de las leyes aplicables”.
Mientras que el artículo 19 se reformaría para establecer que: “A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.
Destacó que el objetivo es que la decisión de Estados Unidos de designar a los grupos de la delincuencia organizada como grupos terroristas, no sea vista como una oportunidad para invadir la soberanía mexicana.
En torno a las reformas constitucionales frente a la denominación de grupos terroristas a los cárteles mexicanos por parte del gobierno de Donald Trump, -y que precisamente una consecuencia es la pena de muerte- la presidenta dijo que “no por llamarles de esta manera les dan permiso de intervenir en el país”.
