Investigación de México Evalúa refiere: 8 entidades con altos niveles de riesgo de violencia político criminal en las elecciones judiciales
En 2025, por primera vez, se celebrarán elecciones para cargos en el poder judicial federal y en 19 estados. La evidencia sugiere que el crimen organizado buscará capturar estos espacios
Las elecciones judiciales de 2025 podrían convertirse en un nuevo episodio de violencia e impunidad en México. De acuerdo con un informe de México Evalúa, ocho entidades presentan un alto riesgo de violencia político-criminal debido a la creciente intromisión del crimen organizado en los procesos electorales.
Por primera vez en la historia del país, este año se elegirán diversos cargos dentro del Poder Judicial federal y en 19 estados. Sin embargo, la experiencia de los comicios de 2024, los más violentos de la historia reciente con más de 550 víctimas, sugiere que los grupos criminales buscarán capturar estos espacios a través de la violencia.
Estados en riesgo
El análisis de México Evalúa indica que una entidad enfrenta un riesgo muy alto: Baja California. Además, siete estados presentan un riesgo alto de violencia político-criminal:
- Chihuahua
- Tamaulipas
- Veracruz
- Tabasco
- Quintana Roo
- Michoacán
- Colima
Otros siete estados tienen un riesgo medio, mientras que solo cuatro muestran un riesgo bajo. El informe destaca que la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales ha aumentado en intensidad y frecuencia, con un incremento del 270.6% en agresiones de 2021 a 2024, y un aumento del 356% en homicidios relacionados con violencia político-criminal.
Factores que elevan el riesgo
Los investigadores identifican cuatro factores que elevan la probabilidad de violencia político-criminal en las elecciones judiciales:
- Disputas criminales por territorios: En regiones con múltiples disputas entre grupos delictivos, aumenta la probabilidad de captación del poder judicial.
- Explotación de mercados ilícitos: La captura del sistema judicial facilitaría la impunidad en actividades delictivas como el narcotráfico y la extorsión.
- Alta vulnerabilidad institucional: Estados con registros altos de agresiones político-criminales muestran menor capacidad para frenar la intervención del crimen organizado.
- Disponibilidad de cargos judiciales: A mayor número de jueces y magistrados en elección, mayor será el interés del crimen organizado en influir en el proceso.
Acciones urgentes para mitigar la violencia
Ante la cercanía del inicio de las campañas el 30 de marzo, México Evalúa propone un enfoque de seguridad hiperfocalizado para reducir los riesgos. Entre las medidas sugeridas destacan:
- Priorizar la protección en regiones con alto riesgo, considerando dinámicas del crimen organizado.
- Brindar seguridad a candidaturas que puedan afectar los intereses del crimen organizado, especialmente jueces penales estatales.
- Garantizar que la protección sea proporcionada por corporaciones con menor grado de infiltración criminal, como la Guardia Nacional.
- Investigar y sancionar actos de violencia político-criminal para evitar la impunidad.
La posibilidad de que el crimen organizado capture los poderes judiciales locales representa una amenaza grave para el Estado de derecho en México. De no tomarse medidas inmediatas, el país podría enfrentar una crisis de impunidad y fortalecimiento del régimen criminal.
Esta es la investigación de México Evalúa, publicada originalmente en https://www.mexicoevalua.org/8-entidades-con-altos-niveles-de-riesgo-de-violencia-politico-criminal-en-las-elecciones-judiciales/
México Evalúa: 8 entidades con altos niveles de riesgo de violencia político criminal en las elecciones judiciales
- En 2025, por primera vez, se celebrarán elecciones para cargos en el poder judicial federal y en 19 estados. La evidencia sugiere que el crimen organizado buscará capturar estos espacios.
- Las elecciones de 2024 fueron las más violentas de la historia reciente, con más de 550 víctimas registradas.
- Para mitigar los riesgos, México Evalúa propone un enfoque de seguridad hiperfocalizado, priorizando protección en regiones de alto riesgo, para candidaturas vulnerables y mediante corporaciones con menor grado de infiltración criminal.
- El tiempo apremia: las campañas inician el 30 de marzo. Sin una estrategia efectiva, las elecciones del poder judicial podrían convertirse en un nuevo episodio de violencia e impunidad.
En México, los procesos electorales se han convertido en un medio para que poderes fácticos (políticos, económicos o sociales, incluido el crimen organizado) impongan sus intereses. Existen diversos mecanismos por medio de los cuales estos poderes fácticos pueden incidir en los procesos electorales. Entre ellos: la imposición de candidaturas, la financiación ilícita de campañas, la movilización del voto o la intervención en casillas.
Sin embargo, en los últimos años, la violencia político criminal se convirtió en el mecanismo más frecuente, principalmente en el ámbito local. En dicho marco, las elecciones de 2024 se convirtieron en las más violentas de la historia moderna. Se registraron más de 550 víctimas desde el inicio del proceso hasta el día de los comicios, de acuerdo con Data Cívica-México Evalúa.
Ahora bien, por primera vez en la historia de nuestro país, en 2025 se llevarán a cabo elecciones para ocupar diversos cargos en el poder judicial federal, y en 19 estados. En la actualidad, se han recrudecido muchos de los factores que nos llevaron a las elecciones más violentas de la historia el año pasado. Es, por tanto, altamente probable que, mediante la violencia, el crimen organizado busque la captura de los poderes judiciales sobre todo en el ámbito local. Esto supondría la anulación del último dique de contención ante los abusos del poder delincuencial y la consolidación del régimen criminal.
Vías de acción frente a la violencia político-criminal
Evitar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales requiere de una transformación profunda del Estado de derecho. Involucra la conformación de instituciones políticas profesionalizadas y responsables, con vocación de servicio público, mayor efectividad de las instituciones de seguridad y justicia y, en general, mayor bienestar compartido.
Sin embargo, en este momento se requieren acciones inmediatas para reducir los riesgos de violencia político criminal durante el proceso electoral judicial. El próximo domingo 30 de marzo iniciarán las campañas, que concluirán el 28 de mayo.
Considerando la experiencia reciente, México Evalúa propone el diseño y ejecución de protocolos de seguridad hiperfocalizados a cargo de autoridades electorales, gobiernos, instituciones de seguridad federales y locales, y organizaciones de la sociedad civil:
- A nivel espacial. Las regiones con mayor riesgo son las que deben recibir protección de manera prioritaria. La medición de la incidencia delictiva no siempre captura la dinámica del crimen organizado, por lo que no sirve para anticipar el riesgo de violencia política. Deben contemplarse zonas con disputas violentas por la explotación de mercados ilícitos.
- A nivel individual. Las candidaturas que puedan interferir con mayor frecuencia en los intereses del crimen organizado son las que deben recibir protección de manera prioritaria. Es decir, las que pueden entorpecer la explotación ilegal y violenta de las economías locales. Los jueces penales de primera instancia estatal son particularmente vulnerables.
- A nivel institucional. La protección debe estar a cargo de corporaciones policiales con el menor grado de captura por parte del crimen organizado, como la Guardia Nacional. Las corporaciones locales pueden participar previo diagnóstico de riesgos. La protección debe ser proporcionada de forma expedita a iniciativa de las autoridades electorales y de seguridad y justicia, o bien, a petición de las potenciales víctimas. También es indispensable dar seguimiento y que no queden impunes los casos de violencia contra personas candidatas a cargos jurisdiccionales y una vez que éstas asuman sus funciones. Esto requiere que las fiscalías articulen de manera profesional las investigaciones de casos de violencia y sean capaces de sostenerlos en juicio.
La violencia político criminal en México, 2018-2024
De acuerdo con Data Cívica y México Evalúa (2024), la violencia político criminal se define como “los actos de violencia —letal y no letal— por parte de organizaciones criminales contra autoridades, personas funcionarias, candidatas y/o militantes activas de partidos políticos” (p.43), para incidir en el control de los procesos electorales, las instituciones y los recursos públicos. Se trata de un fenómeno que no es exclusivo de los procesos electorales, pero que se incrementa en dicha ventana. Dentro de estas agresiones se encuentran: asesinatos, atentados, amenazas, desapariciones y ataques armados que dejaron víctimas letales. Dentro de las víctimas pueden encontrarse autoridades electas, personas candidatas, personas funcionarias de la administración pública, fuerzas de seguridad pública, familiares de dichos actores, personas con influencia política y ataques armados a instalaciones gubernamentales.
La violencia político criminal ha crecido de forma descomunal en un periodo muy breve. De 2021 a 2024, cuando se llevaron a cabo los últimos comicios, incrementó 270.6% en todas sus modalidades; y los asesinatos, en particular, 356%. Esto evidencia la existencia de un acelerado proceso de expansión e intensificación del régimen criminal a nivel de los territorios locales y de la anulación, en consecuencia, del Estado de derecho.
Se observa que, en dicho periodo, ocho de cada 10 (77.9%) de las agresiones registradas fueron en contra de actores municipales. Este grupo es especialmente vulnerable pues ofrece mayores insumos a las organizaciones criminales para la explotación de las economías locales, inteligencia para neutralizar a organizaciones rivales e impunidad generalizada.
Detrás de las víctimas de violencia político criminal se encuentra que la intromisión de las organizaciones delictivas en procesos electorales es cada vez más frecuente (incremento de víctimas) e intensa (incremento de homicidios). Frente a dicha situación, la ocurrencia de violencia político criminal en las elecciones del poder judicial de 2025 es altamente probable.
Riesgo de violencia político criminal en las elecciones del poder judicial de 2025
Más allá de los argumentos técnicos de sus proponentes, la reforma al poder judicial tiene un claro componente político. Si el objetivo prioritario fuera mejorar el acceso a la justicia, sería indispensable fortalecer primero a policías y fiscalías, así como su coordinación institucional. En vez de ello, su enfoque parece orientarse hacia una reconfiguración de los equilibrios de poder dentro del sistema judicial. Esto puede generar espacios de vulnerabilidad que podrían explotar las organizaciones criminales.
Considerando la literatura previa y la violencia observada en las elecciones más recientes (Alda, 2021; Integralia Consultores, 2024; Ley, 2024; Lessing, 2020; López, 2020; México Evalúa, Data Cívica y Animal Político, 2024; Montaño, 2024; Salvador, 2023; Salvador y otros, 2025; Soto, 2024; Trejo y Ley, 2022; Vargas, 2024), identificamos que cuatro factores principales determinan el nivel de riesgo de violencia político criminal en las elecciones judiciales de 2025 a nivel estatal (se señalan los parámetros o puntos de corte respectivos):
- Disputas violentas por el control de los territorios locales en múltiples zonas: la disputa por el dominio criminal crea incentivos para que las organizaciones criminales busquen la captura de los poderes públicos a fin de imponer su hegemonía. Mientras más disputas existan, mayor probabilidad de captura. En zonas bajo una hegemonía criminal establecida resulta menos probable la violencia político criminal porque no es necesaria. La hegemonía criminal es un problema que requiere otro tipo de atención. Parámetro: tres o más municipios en disputa.
- Explotación violenta de múltiples mercados ilícitos convencionales: la captura del poder judicial puede completar el circuito de impunidad para la explotación de mercados ilícitos. Mientras más mercados ilícitos coexistan en los territorios, mayor probabilidad de captura. En zonas con menos mercados resulta menos probable la violencia político criminal porque no es necesaria. Parámetro: tres o más mercados ilícitos.
- Alta vulnerabilidad frente a la intromisión del crimen en las elecciones: medida a través del número de agresiones de violencia político-criminal. Dicho fenómeno muestra que las instituciones políticas cuentan con bajas capacidades para frenar la intervención del crimen organizado en las elecciones. A menores capacidades, mayor probabilidad de intromisión. Parámetro: arriba del promedio nacional registrado en la elección de 2024 (17).
- Alta disponibilidad de opciones de captura: medida a través del porcentaje de cargos de personas juzgadoras y magistradas del fuero común que serán votadas en 2025. Dichos perfiles son responsables de sancionar delitos asociados a la explotación violenta de mercados ilícitos por lo que son relevantes para el crimen organizado. A mayor porcentaje mayor probabilidad de violencia. Parámetro: arriba del 50%.
Los parámetros o puntos de corte son establecidos con base en el contexto mexicano, principalmente la elección de 2024, pero también 2021 y 2018. Son aquellos parámetros que regularmente se asocian con la ocurrencia de más ataques.
Cabe destacar que cada uno de los factores de riesgo se plantea como condición necesaria, pero no suficiente, para la ocurrencia de violencia político criminal en las elecciones del poder judicial. Así, proponemos que los efectos pueden potenciarse cuando las condiciones se acumulan, incrementado el nivel de riesgo.
Bajo esta óptica, de cara al 2025, una entidad expone un riesgo muy alto: Baja California. Siete entidades registran un riesgo alto: Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima. Siete entidades reportan un riesgo medio: Sonora, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala. Únicamente cuatro entidades muestran un riesgo bajo: Coahuila, Durango, Aguascalientes y Yucatán.
El nivel de riesgo correspondiente a cada estado de la república ofrece una aproximación basada en evidencia para orientar la toma de decisiones y desplegar medidas focalizadas a nivel regional. En el pasado reciente, esta clase de ejercicios han sido bastante precisos (ver primer reporte de violencia política de Integralia, 2024), por lo que no deberían ser descartados por la autoridad.
La importancia de contar con un poder judicial al servicio del Estado de Derecho y la ciudadanía, y no de poderes fácticos, debería ser razón suficiente para que la autoridad considere este documento como una contribución de inteligencia para ofrecer condiciones de seguridad a las y los candidatos.
